Efe Europa Press
Madrid.- Los sindicatos han preferido dejar para otoño, y concretamente para el 29 de septiembre, la huelga general contra la reforma laboral que hoy aprueba el Gobierno, que sigue negociando el apoyo de los partidos, aunque la oposición en general mantiene sus reticencias y esperará a ver el decreto para decidirse.
Los líderes de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, confirmaron esta tarde la fecha del paro general, que se retrasa hasta septiembre porque, según explicaron, en esas fechas se estará tramitando la reforma laboral en el Congreso y también se conocerán las líneas generales de otra reforma relevante, la de las pensiones, así como las principales líneas de los Presupuestos para 2011.
Según Méndez y Toxo, han convocado la huelga porque la reforma retrasará la recuperación y generará más paro, lo que puede provocar que en un "plazo corto" se superen los cinco millones de desempleados, advirtió el secretario general de CCOO.
Preguntados si la retirarían si el Gobierno da marcha atrás, Méndez consideró imposible que el Ejecutivo rectifique.
Para calentar motores hasta el 29 de septiembre, ambos sindicatos han preparado "dos grandes escalones" de actos: el primero será el 30 de junio y se celebrarán concentraciones en las distintas comunidades, y el segundo será el 9 de septiembre con un acto masivo en Madrid de representantes sindicales".
Mientras, el Gobierno ha cerrado una ronda de contactos con los partidos para que apoyen el 22 de junio la reforma en la Cámara Baja. Se reunirán con los partidos políticos para evitar que "empeoren" la reforma durante su tramitación en el Congreso.
Al respecto, el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso,ha reiterado que el decreto posiblemente se tramite como un proyecto de Ley por razones legales y explicó que el Ejecutivo debe estudiar con detenimiento la doctrina del Tribunal Supremo que rechazó la reforma laboral de 2002 del Gobierno del PP y que fue impugnada.
También reconoció que en su paso de hoy por el Consejo de Ministros, puede tener "algún cambio" fruto de las negociaciones políticas.
Dudas en la tramitación
Varios diputados del PSOE vinculados a UGT alertaron el miércoles durante la reunión del Grupo Socialista del riesgo que supone tramitar como proyecto de ley la reforma laboral que hoy se aprobará mediante un decreto ley en el Consejo de Ministros y que se someterá a convalidación en el Congreso el próximo martes.
Concretamente, expresaron su temor a que la tramitación parlamentaria del texto se traduzca en un endurecimiento del mismo tanto el portavoz de en la Comisión de Trabajo, Jesús Membrado, como el parlamentario de Izquierda Socialista Manuel de la Rocha.
Precisamente, para evitar que se pierdan logros laborales consolidados, el diputado de Izquierda Socialista animó al Gobierno a intentar pactar la reforma con los nacionalistas vascos del PNV y con ERC, mejor que con CiU.
Inseguridad jurídica
Por su parte, la portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo y también cercana a UGT, Isabel López i Chamosa es partidaria de que la reforma no sea susceptible de cambios en el Congreso, es decir, prefiere que no se tramite como proyecto de ley y así lo argumentó ante sus compañeros. Desde su punto de vista, la posible introducción de modificaciones una vez que el decreto ya esté en vigor plantea problemas de inseguridad jurídica, tanto para empresarios como para trabajadores.
En opinión de la diputada, la coyuntura económica actual justificaría que la norma no tuviera que ser tramitada en el Congreso y es que, a su juicio, la situación que vive hoy España no tiene nada que ver con la que vivía en 2002.
También tomó la palabra durante el encuentro el el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Antonio Gutiérrez, ex secretario general de Comisiones Obreras y diputado socialista por Madrid, defendió ante sus compañeros del PSOE la necesidad de que el Grupo Socialista tenga "voz propia" en las negociaciones abiertas con el Gobierno sobre la reforma laboral.
Según explicó el propio Gutiérrez, durante su intervención planteó que la propuesta de reforma del Gobierno es "manifiestamente mejorable", pero también "susceptible de empeorar por la presión de los grupos parlamentarios".
Madrid.- Los sindicatos han preferido dejar para otoño, y concretamente para el 29 de septiembre, la huelga general contra la reforma laboral que hoy aprueba el Gobierno, que sigue negociando el apoyo de los partidos, aunque la oposición en general mantiene sus reticencias y esperará a ver el decreto para decidirse.
Los líderes de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, confirmaron esta tarde la fecha del paro general, que se retrasa hasta septiembre porque, según explicaron, en esas fechas se estará tramitando la reforma laboral en el Congreso y también se conocerán las líneas generales de otra reforma relevante, la de las pensiones, así como las principales líneas de los Presupuestos para 2011.
Según Méndez y Toxo, han convocado la huelga porque la reforma retrasará la recuperación y generará más paro, lo que puede provocar que en un "plazo corto" se superen los cinco millones de desempleados, advirtió el secretario general de CCOO.
Preguntados si la retirarían si el Gobierno da marcha atrás, Méndez consideró imposible que el Ejecutivo rectifique.
Para calentar motores hasta el 29 de septiembre, ambos sindicatos han preparado "dos grandes escalones" de actos: el primero será el 30 de junio y se celebrarán concentraciones en las distintas comunidades, y el segundo será el 9 de septiembre con un acto masivo en Madrid de representantes sindicales".
Mientras, el Gobierno ha cerrado una ronda de contactos con los partidos para que apoyen el 22 de junio la reforma en la Cámara Baja. Se reunirán con los partidos políticos para evitar que "empeoren" la reforma durante su tramitación en el Congreso.
Al respecto, el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso,ha reiterado que el decreto posiblemente se tramite como un proyecto de Ley por razones legales y explicó que el Ejecutivo debe estudiar con detenimiento la doctrina del Tribunal Supremo que rechazó la reforma laboral de 2002 del Gobierno del PP y que fue impugnada.
También reconoció que en su paso de hoy por el Consejo de Ministros, puede tener "algún cambio" fruto de las negociaciones políticas.
Dudas en la tramitación
Varios diputados del PSOE vinculados a UGT alertaron el miércoles durante la reunión del Grupo Socialista del riesgo que supone tramitar como proyecto de ley la reforma laboral que hoy se aprobará mediante un decreto ley en el Consejo de Ministros y que se someterá a convalidación en el Congreso el próximo martes.
Concretamente, expresaron su temor a que la tramitación parlamentaria del texto se traduzca en un endurecimiento del mismo tanto el portavoz de en la Comisión de Trabajo, Jesús Membrado, como el parlamentario de Izquierda Socialista Manuel de la Rocha.
Precisamente, para evitar que se pierdan logros laborales consolidados, el diputado de Izquierda Socialista animó al Gobierno a intentar pactar la reforma con los nacionalistas vascos del PNV y con ERC, mejor que con CiU.
Inseguridad jurídica
Por su parte, la portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo y también cercana a UGT, Isabel López i Chamosa es partidaria de que la reforma no sea susceptible de cambios en el Congreso, es decir, prefiere que no se tramite como proyecto de ley y así lo argumentó ante sus compañeros. Desde su punto de vista, la posible introducción de modificaciones una vez que el decreto ya esté en vigor plantea problemas de inseguridad jurídica, tanto para empresarios como para trabajadores.
En opinión de la diputada, la coyuntura económica actual justificaría que la norma no tuviera que ser tramitada en el Congreso y es que, a su juicio, la situación que vive hoy España no tiene nada que ver con la que vivía en 2002.
También tomó la palabra durante el encuentro el el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Antonio Gutiérrez, ex secretario general de Comisiones Obreras y diputado socialista por Madrid, defendió ante sus compañeros del PSOE la necesidad de que el Grupo Socialista tenga "voz propia" en las negociaciones abiertas con el Gobierno sobre la reforma laboral.
Según explicó el propio Gutiérrez, durante su intervención planteó que la propuesta de reforma del Gobierno es "manifiestamente mejorable", pero también "susceptible de empeorar por la presión de los grupos parlamentarios".
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