EFE. Las Palmas de Gran Canaria.
El consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo, acusó este jueves al Gobierno Autónomo de hacer un "desequilibrado reparto" de 4 millones de euros para atención a la dependencia de los que Tenerife recibirá casi la mitad y su isla "ni un solo euro".
"Lamentablemente, ésta no es la primera vez que tenemos que denunciar un reparto desigual de los recursos provenientes del Estado hacia Canarias en materia de dependencia", subraya el consejero en un comunicado difundido por la corporación insular.
Y es que "esta isla no recibe ni un solo euro de los 4 millones que quedaron en manos del Gobierno de Canarias, de un total de 12.901.953 de euros que el Gobierno central, a través del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, acordó con el Ejecutivo canario", asegura Quevedo.
Del total de 12.901.953 euros, según explica, se estableció una partida destinada a inversión en programas de desarrollo y apoyo a programas de dependencia de 8.386.270 euros que se repartió entre los siete cabildos, "correspondiendo la misma cantidad, 2.525.000 euros, a Gran Canaria y Tenerife", pero no ocurrió lo mismo con "la segunda partida, destinada a gastos corrientes y que supone 4.515.683 euros".
Partida que añade "quedó en manos del Gobierno de Canarias, que ahora ha decidido repartirlos entre distintos centros del Archipiélago".
"Es aquí -según Quevedo- cuando se produce un desequilibrio notable, puesto que la decisión de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno autonómico es que Gran Canaria no recibirá ni un solo euro de esos 4,5 millones que se reparten entre los seis territorios restantes".
"Destacando que la mayor parte se quedan en la provincia occidental y que Tenerife recibe 1.840.000, lo que supone el 40,74% del total", apostilla Pedro Quevedo.
Un consejero que subraya que no cuestiona las carencias de los centros a los que se han asignado unas ayudas que afirma que, "con total seguridad, necesitan y merecen", pero insiste en reclamar que el reparto de esta segunda partida se haga de forma "consensuada y atendiendo a las solicitudes".
Algo que dice demandar "para no generar desequilibrios, puesto que todas las islas necesitan el mayor número de fondos para atender a las personas dependientes con la dignidad que se merecen".
"Lamentablemente, ésta no es la primera vez que tenemos que denunciar un reparto desigual de los recursos provenientes del Estado hacia Canarias en materia de dependencia", subraya el consejero en un comunicado difundido por la corporación insular.
Y es que "esta isla no recibe ni un solo euro de los 4 millones que quedaron en manos del Gobierno de Canarias, de un total de 12.901.953 de euros que el Gobierno central, a través del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, acordó con el Ejecutivo canario", asegura Quevedo.
Del total de 12.901.953 euros, según explica, se estableció una partida destinada a inversión en programas de desarrollo y apoyo a programas de dependencia de 8.386.270 euros que se repartió entre los siete cabildos, "correspondiendo la misma cantidad, 2.525.000 euros, a Gran Canaria y Tenerife", pero no ocurrió lo mismo con "la segunda partida, destinada a gastos corrientes y que supone 4.515.683 euros".
Partida que añade "quedó en manos del Gobierno de Canarias, que ahora ha decidido repartirlos entre distintos centros del Archipiélago".
"Es aquí -según Quevedo- cuando se produce un desequilibrio notable, puesto que la decisión de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno autonómico es que Gran Canaria no recibirá ni un solo euro de esos 4,5 millones que se reparten entre los seis territorios restantes".
"Destacando que la mayor parte se quedan en la provincia occidental y que Tenerife recibe 1.840.000, lo que supone el 40,74% del total", apostilla Pedro Quevedo.
Un consejero que subraya que no cuestiona las carencias de los centros a los que se han asignado unas ayudas que afirma que, "con total seguridad, necesitan y merecen", pero insiste en reclamar que el reparto de esta segunda partida se haga de forma "consensuada y atendiendo a las solicitudes".
Algo que dice demandar "para no generar desequilibrios, puesto que todas las islas necesitan el mayor número de fondos para atender a las personas dependientes con la dignidad que se merecen".
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