Se acaba el dinero del paro para 50.000 canarios

R. ACOSTA El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Las Palmas ha recibido en los primeros meses del año unas 300 solicitudes de tarjeta sanitaria para personas que no cuentan con recursos económicos por haberse quedado sin prestación o subsidio de desempleo. Se trata de una cifra que todas las previsiones apuntan a que se triplicará a medida que vaya avanzando el año y que puede agravarse en 2010, al ir aumentando el número de parados a los que se le cumplirá el periodo para recibir la prestación.

En este sentido, el secretario de Economía y Políticas Sectoriales de Comisiones Obreras, Carmelo Jorge, ha indicado que se prevé que unas 50.000 personas dejen de percibir prestaciones en Canarias en los próximos meses si antes no consiguen colocarse de nuevo en el mercado laboral. Esta cifra se ha obtenido con el cálculo mensual del desempleo y el inicio de la percepción de las primeras ayudas en 2007, si bien la agudización de la crisis fue en 2008, lo que supondrá que el próximo año se puede llegar a una situación de crisis social.

El Gobierno canario lanzó el pasado mes de abril una campaña informativa que provocó cierta alarma y colapsó los servicios de información de la Seguridad Social porque advertía que los parados que se quedaran sin subsidio podrían perder el derecho a la cobertura sanitaria y se les podía facturar los servicios asistenciales. La confusión cundió entre los afectados y las oficinas de la Seguridad Social se vieron con una avalancha de personas en busca de información. Aunque la situación terminó aclarándose, esta campaña ha provocado un enfrentamiento político entre la Comunidad Autónoma y la Delegación del Gobierno, de quien depende la Seguridad Social, que obligó a recordar que la atención sanitaria es un derecho universal al margen de las condiciones económicas de los usuarios.

Sin embargo, el trámite administrativo requiere que una persona sin ningún tipo de ingresos legales debe acogerse a una tarjeta sanitaria similar a la antigua beneficencia o a integrarse en la tarjeta de algún familiar que sí esté cotizando para evitar un susto, ya que se han dado casos de personas a los que se les ha facturado un servicio sanitario, especialmente en los hospitales, por no tener la tarjeta sanitaria actualizada con sus nuevas condiciones laborales y económicas al haberse quedado sin trabajo ni subsidio por desempleo.