La Corporación llevará al Ejecutivo a un contencioso si suprime los 10 millones del plan de carreteras de 2008 y convocará a los alcaldes y agentes sociales.
RUBÉN ACOSTA El Cabildo de Gran Canaria demandará al Gobierno regional en el Juzgado de lo Contencioso y movilizará a las fuerzas políticas, sociales y económicas de la Isla si el Ejecutivo suprime la partida de 10 millones de euros contemplada en el presupuesto autonómico para financiar las obras ejecutadas en 2008 del plan de acondicionamiento de carreteras. El presidente de la Corporación insular, José Miguel Pérez, ha dado de plazo lo que resta de mes para que se resuelva este enfrentamiento institucional y los fondos se mantengan en su totalidad para las carreteras de Gran Canaria y no se distribuyan entre todas las islas, como pretende la Comunidad Autónoma.
Pérez y el vicepresidente, Román Rodríguez, acusaron al consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, de pretender incumplir la ley de presupuestos elaborada por su departamento ya que en la misma se establece una partida en 2009 vinculada a las certificaciones de las obras ejecutadas, compromiso que ahora se vulnera por el Ejecutivo, según el Cabildo. "El Gobierno utiliza la argucia del supuesto retraso en las certi- ficaciones para endosarle la culpa a Gran Canaria cuando la responsabilidad es de Rivero y Soria por incumplir sus compromisos con los cabildos; ahora con esta burda maniobra quieren confundir y dividir, pero les pondremos en evidencia", aseguró Román Rodríguez.
El presidente de la Corporación grancanaria explicó que el Ejecutivo canario tiene una deuda contraída con el Cabildo, que está reconocida en el "marco presupuestario", pero pretende abonarla en tres anualidades, a lo cual el Cabildo se niega porque ya ha adelantado ese dinero a los proveedores como consta en los certificados de pagos de la Intervención General de la Corporación insular.
Si antes de final de mes no se corrige esta situación, el grupo de gobierno del Cabildo convocará un pleno extraordinario y reunirá a los alcaldes de la Isla y a los agentes económicos y sociales "para explicar lo que pretende hacer el Gobierno con un dinero que es de Gran Canaria y que necesitamos para seguir manteniendo las carreteras e invertir en obras nuevas". Si al final el Ejecutivo modifica esta partida y la convierte en plurianual, "nos veremos en los tribunales y estamos seguros que el contencioso lo ganaremos porque así está recogido en la Ley de Presupuestos", aseguró José Miguel Pérez.
Por su parte, el portavoz del Gobierno, Martín Marrero, dijo que se está montando una "polémica artificial" y que el Ejecutivo quiere llegar a un acuerdo con o sin el Cabildo grancanario.
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