Noruega lo prohibió; la ONU recomendó no hacerlo; pero da igual. El buque Midoy Dakhla pernocta en las inmediaciones del muelle de Santa Catalina, bajo el manto, abrigo y amparo de una bandera noruega y marroquí, para, en unos días, ir a trabajar a Dakhla, en el territorio ocupado por Marruecos al sur del Sahara.
Los saharauis a esto le llaman “esquilmar o expoliar” las materias primas de su territorio. Naciones Unidas ha recomendado no negociar con empresas marroquís hasta el fin del proceso entre la colonia y la potencia ocupante. Noruega tiene terminantemente prohibido a sus empresas tal negocio. Pero parece que para este delito, no hay policía vigilante. Y más si se trata de pesca.
De hecho, distintas corporaciones, neocelandesas y australianas, entre otras, han tenido que abandonar el terreno por presiones de sus gobiernos.
La empresa que cobija al buque pesquero es de capital mixto, según ha podido saber CANARIAS AHORA. No se queda ahí. Sjovik, la empresa en cuestión, tiene desde 2003 una planta de congelación en la misma ciudad, Dakhla.
En el barco trabajan 30 marroquíes, mientras que en la planta de congelación, en tierras saharauis, son unas 150 personas las que desempeñan su labor.
El propietario del barco y presidente de la compañía ha quitado hierro al asunto, a pesar de que en Noruega el tema es peliagudo. “El tema de los saharauis se puede comparar con el de los lapones”, declaró ayer a una televisión noruega. Sin embargo, el gobierno nórdico no lo estima así. Hace aproximadamente un año, abandonó una feria turística porque Marruecos tenía fotografías del Sahara para su promoción, hecho que acabó en el parlamento noruego, al saltarse la recomendación de la ONU, nuevamente, el reino alauita.
Para el representante del Frente Polisario en Canarias, Mohamed Salem, lo curioso es que el buque sea de nacionalidad noruega, ya que, "ese país siempre ha defendido la legalidad internacional y los derechos del pueblo saharaui". En declaraciones a El Correíllo en CANARIAS AHORA RADIO, Salem dijo que es "muy importante" dirigirse a la población y a los empresarios para llamar su atención hacia este tema, "no solamente por la ilegalidad de trabajar e invertir en un territorio ocupado, también por la peligrosidad que pueden conllevar este tipo de actuaciones" afirmó Salem.
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